Nos situamos en Barcelona en la primavera del año 2013, en un contexto de recortes presupuestarios, subida de tasas universitarias y despidos en el profesorado. En esas, un grupo de estudiantes y algunos profesores ocupaban el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entre ellos, Ermengol Gassiot, actual secretario general de CGT en Cataluña y, en aquel momento, delegado y miembro del Comité de Empresa de la UAB. Tras tres semanas de protesta sin incidentes de relevancia, la ocupación se levantó y los acampados recogieron los sacos de dormir y se marcharon a casa.
Hasta aquí, todo normal; pero el pasado 6 de julio en CGT recibimos un escrito de la Fiscalía en el que se relatan una sucesión de imputaciones que calificamos de delirantes y aberrantes, se acumulan peticiones de prisión que llegan hasta los 11 años y cinco meses tanto para Gassiot como para 25 estudiantes y un trabajador del PAS (Personal de Administración y Servicios).
Desde CGT denunciamos que la Universidad Autónoma de Barcelona se ha personado como acusación particular en el procedimiento y que se trata de la primera vez desde el franquismo que una universidad pública denuncia penalmente a un profesor y a un miembro del PAS por su práctica político-sindical. Incidimos también que es una situación casi inédita que una universidad pública haya denunciado penalmente a sus propios estudiantes.
Desde la fiscalía se piden penas globales, sin desglosar, como si todos los que participaron en las protestas hubieran realizado conjuntamente y con el mismo grado de participación los hechos que el fiscal les imputa. “Un fiscal nos acusa a los 27 de todo, pero cuando los mossos revientan el ojo a un manifestante, no se puede condenar a nadie si no se puede demostrar quien ha disparado”.
Esta brutal represión y las peticiones fiscales basadas en la revancha ideológica tienen como objetivo amedrentar a los estudiantes, a la comunidad universitaria y a la población en general. Continúan con su táctica perversa de criminalización de la disidencia y del sindicalismo de confrontación.
Al margen de las consideraciones políticas, estos 25 estudiantes van a tener que afrontar un proceso judicial costoso, injusto y absolutamente desproporcionado que puede poner patas arriba sus vidas.
Recordamos que en la CGT cuando nos tocan a un@ nos tocan a tod@s, por lo tanto, no nos quedaremos de brazos cruzados mirando como actitudes fascistas pretenden encarcelar a 27 personas que simplemente hacían una ocupación en defensa de los derechos de todas y todos a una universidad pública, social y de calidad.
Valladolid a 11 de julio de 2016
Convenio colectivo 2023-26
Afiliate
